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Escobar: "Al PSOE le molesta que el Ministro de Justicia atienda las recomendaciones de la Defensora del Pueblo"


El Diputado Nacional y Portavoz de Justicia del Partido Popular de La Rioja, Conrado Escobar, ha afirmado hoy, día 15, tras conocer las declaraciones del PSR-PSOE sobre Justicia, que “al PSOE le molesta que el Ministerio de Justicia atienda las recomendaciones de la Defensora del Pueblo”.
 “Así se desprende de las declaraciones realizadas hoy por la Portavoz socialista de Justicia, Victoria de Pablo, que es capaz de criticar una cosa y la contraria y a quien parece que no le gusta que el Ministro de Justicia atienda las aportaciones de la Defensora del Pueblo”.
 “La solución del PSOE para los problemas de la Justicia española es no hacer nada para no incomodar a nadie y, así, seguir como en el siglo XIX”, ha señalado Conrado Escobar, quien ha añadido que “en poca consideración tiene Victoria de Pablo a los funcionarios que trabajan en Justicia por creer que no se pueden adaptar a las nuevas circunstancias que obligan los tiempos”. Conrado Escobar ha añadido que “la modernización de la Justicia es un compromiso del Partido Popular que el Gobierno Central están cumpliendo con ambiciosas reformas para lograr que sea más ágil”.

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Victoria de Pablo critica que en Logroño se pague lo que en Calahorra es gratis y pide al Ministro que “o retira la Ley de Tasas o se retira él”

Las tasas judiciales enfrentan a los partidos políticos y basándose en el informe de la Defensora del Pueblo, el PSOE ha sido contundente en la crítica.
Tras constatar que Soledad Becerril, ha recibido más de 8.300 quejas, el PSOE exige al Ministerio que “retire o cambie la ley”
Y en ese sentido, la Secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, ha pedido al Ministro Gallardón que “dimita ante su incapacidad para gestionar la crisis que ha creado con  la aprobación de esta Ley”.

De Pablo define la Ley como "improvisada" y de ser aprobada sin escuchar a los interesados. Igualmente asegura que la Ley “ha generado un caos general en los juzgados” puesto que según ha explicado “ante la falta de un criterio general cada juzgado ha tomado distintos criterios” y ha puesto el ejempo de que en La Rioja “por un acuerdo mutuo de divorcio en el juzgado de Logroño hay que pagar 150 euros, cuando en el juzgado de Calahorra es gratis”.


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La Policía Nacional desarticula un grupo especializado en robos en interior de viviendas



§   La Policía Nacional detiene a seis personas dedicadas a “robos en interior de domicilios”.
§   Los detenidos formaban parte de un “grupo organizado” dedicado a esa actividad delictiva.

La pasada semana agentes de la Policía Nacional de La Rioja han procedido a la detención de seis personas, cuatro de ellos varones y dos mujeres, de edades comprendidas entre los 21 y 27 años de edad, siendo cinco de ellos de nacionalidad rumana y uno de ellos de Bolivia, sorprendidos “in fraganti” saliendo de un domicilio en el centro de la ciudad, al que habían accedido tras forzar la verja de una ventana de la vivienda.
Establecido un dispositivo, al objeto de prevenir este tipo de hechos delictivos, los policías observaron, en la madrugada de un día de la pasada semana a cinco individuos en actitud sospechosa, por lo que procedieron a su seguimiento, pudiendo comprobar como estacionaban un vehículo, apeándose del mismo tres varones portando uno de ellos una “pata de cabra” dirigiéndose hacia el interior de un portal cercano, mientras los otros dos (un hombre y una mujer) se quedaban en las proximidades haciendo labores de contra vigilancia. 
Se pudo comprobar que los mismos accedieron al piso desde el patio interior, donde forzaron la verja de una ventana y lograron sacar del domicilio hasta el portal una televisión, una consola de videojuegos, varias colonias y varios relojes, objetos valorados en 4500 euros.

Igualmente se ha procedido a la detención de una mujer de nacionalidad boliviana, ya que era la persona que facilitaba la información al resto del grupo de los horarios del titular del domicilio objeto del delito, controlando la ubicación del mismo en la franja horaria en la que se produjo el delito, con intención de avisar a sus compañeros en el momento en el que el mismo regresara al mismo.
Posteriormente en el transcurso de la investigación se realizó un registro domiciliario donde se incautaron más efectos, al objeto de realizar posteriores gestiones tendentes a demostrar otros delitos contra el Patrimonio.

A todos ellos se les ha imputado un delito de PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL, ya que son más de dos personas, mantienen una estabilidad en el tiempo, realizan reparto de tareas, están planificados concertándose para la realización de los delitos, en este caso graves como son el robo en interior de casas habitadas. Entre todos ellos contaban con un total de veintitrés antecedentes penales, pasando a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, cuyo titular dispuso el ingreso en prisión de todos ellos.



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En reunión celebrada el pasado día 3, Gallardón reitera a Del Río que la organización territorial de los juzgados “dependerá de las Comunidades Autónomas”

La decisión ministerial refuerza el compromiso del presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, de mantener los juzgados de Haro y Calahorra “como están”
 El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reiteró el pasado día 3 al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, que serán las comunidades autónomas las encargadas de decidir la organización de los juzgados que consideren más conveniente en su territorio porque “es una decisión que afecta a su organización territorial y política”, tal y como ya avanzó el pasado 25 de abril al presidente del Gobierno de La Rioja.

Gallardón y Del Río mantuvieron un encuentro de trabajo en el Ministerio, que se enmarca en la ronda de reuniones que está manteniendo el ministro del ramo con los responsables de Justicia de las comunidades autónomas.
Como se recordará, el jefe del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, anunció el pasado miércoles 25 de abril que había alcanzado un acuerdo con el ministro de Justicia para que las circunscripciones judiciales “se queden como están tanto por motivos de cohesión y vertebración territorial como por sus efectos socioeconómicos” y no se vean modificadas con la aprobación de la nueva Ley de Planta Judicial, por lo que los juzgados de Calahorra y Haro no se verían afectados.

En la reunión celebrada, que se desarrolló en un clima de absoluta cordialidad y colaboración, Gallardón y Del Río abordaron los compromisos establecidos en el acuerdo complementario al traspaso de la competencia de Justicia al Gobierno de La Rioja, adoptado en el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja el 28 de diciembre de 2010.

Al respecto, Del Río informó al ministro sobre los trámites realizados de cara a la construcción del nuevo Palacio de Justicia, una vez adjudicados los trabajos de demolición del antiguo Hospital Militar y con la vista puesta en la próxima presentación del proyecto definitivo de construcción del nuevo complejo judicial.

Entre otros asuntos de interés en materia judicial, Gallardón y Del Río también estudiaron la conveniencia de implementar aplicaciones informáticas de gestión procesal para contribuir a dar mayor eficacia y eficiencia al sistema.

Ambos coincidieron en la importancia de acometer la modernización del sistema judicial, a fin de garantizar un servicio lo más ágil y eficiente posible. Un reto en el que el llamado ‘expediente digital’ será la pieza clave, ya que permitirá compartir la información de una forma más rápida entre las distintas jurisdicciones y agentes implicados.


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Emilio del Río ha mantenido esta tarde un encuentro de trabajo con responsables de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales en La Rioja

El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, se ha reunido esta tarde, en la Biblioteca de Presidencia, con una representación de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales en La Rioja, encabezada por su delegado territorial, José Miguel de Frutos Vinuesa, que ha resultado elegido recientemente. En la reunión también ha tomado parte la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso.
Se trata de un encuentro de trabajo en el que se han abordado diversos asuntos de interés sobre la Administración de la Justicia en La Rioja. Así, entre otras cosas, han analizado la implantación de la nueva Oficina Judicial, los trámites encaminados a la modernización y agilización de la Justicia riojana; y la próxima construcción del nuevo Palacio de Justicia.
Del Río ha añadido que, en la medida de lo posible, “queremos ir mejorando el funcionamiento del servicio en nuestra Comunidad autónoma mientras se va construyendo el Palacio y dejaremos para después, cuando ya esté construido el nuevo Palacio de Justicia, la gran reorganización”, un proceso en el que los “secretarios judiciales tienen un papel muy importante”.
Por su parte, De Frutos ha explicado que “estamos comprometidos en la gestión y control de los gastos, una tarea en la que vamos a colaborar activamente con las comunidades autónomas, y también con una gestión eficaz y efectiva de los recursos humanos que las comunidades ponen a nuestra disposición”.


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El Servicio de Mediación Intrajudicial con menores ha resuelto el 96,15% de los casos desde su puesta en marcha

El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, y la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso, han informado esta mañana del Servicio de Mediación Intrajudicial con menores, que se puso en marcha a finales de 2010. Desde esa fecha, la Fiscalía de Menores de La Rioja ha derivado un total de 52 expedientes, de los que a estas alturas se han podido resolver satisfactoriamente 50 (el 96,15% del total). Los otros dos expedientes restantes se han visto interrumpidos (un caso por no llegar a acuerdo entre ambas partes y el otro porque el menor cometió un nuevo delito más grave, pasando a ingresar en un centro de reforma).
De los 52 expedientes tramitados, el 73% (38) fueron cometidos por varones, frente al 17% (12) protagonizados por chicas. La edad media de los menores que han pasado por el servicio ha sido de 15,5 años.
Los delitos con mayor prevalencia son los siguientes: falta de daños (13); falta de hurto (10); delito de daños (7); delitos de lesiones y faltas de lesiones (4 en cada caso); delitos de robo con fuerza en las cosas y faltas de amenazas (3 en cada caso); malos tratos en el ámbitos familia; y delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico (2 en cada caso); y falta de amenazas en el ámbito familiar; falta de daños en mobiliario público; delito de amenazas y falta por lesiones; y delito de amenazas (1 en cada caso).
La mayor parte de la parte de los menores expedientados han sido españoles (40), seguidos de rumanos (7), ecuatorianos (2) y bolivianos, colombianos y portugueses (1 en cada caso); por lo que respecta al lugar de residencia de los menores, la mayor parte vive en Logroño (31), seguidos de los procedentes de Albelda de Iregua y Santo Domingo de la Calzada (4 en cada caso); Lardero (3), Navarrete y Arnedo (2 en cada caso) y Alfaro, Calahorra, El Bilar (Álava), Islallana, Nájera y San Vicente de la Sonsierra (1 en cada caso).
Según los cálculos efectuados, el 20% de los menores que cometieron algún tipo de delito en 2011 en La Rioja fueron derivados al Servicio de Mediación Intrajudicial de Menores, con el fin de iniciar un proceso de conciliación-reparación entre el menor infractor y la víctima. Este dato supone que 2 de cada 10 expedientes se resuelven sin necesidad de celebrarse un proceso judicial, lo que refleja que la mediación penal con menores es un instrumento eficaz que, además, permite descargar el trabajo del Juzgado de Menores.
La mediación penal con menores es un proceso en el que las partes, con ayuda de un tercero totalmente imparcial, intentan resolver un conflicto previo sin intervención judicial. El objetivo es satisfacer las necesidades de las partes en disputa, regulando el proceso de comunicación y, conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en la que todos ganen o, al menos, queden satisfechos.
La mediación entraña numerosas ventajas, entre las que caben destacar las siguientes: que el menor se responsabilice de sus propias acciones y de las consecuencias de sus actos; que se ponga en el lugar de la víctima; evitar el proceso penal; es voluntario y gratuito. Asimismo, este proceso conlleva una serie de compromisos, como el reconocimiento de los hechos, la reparación material y moral; y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Programa de habilidades sociales ‘Tikún Olam’
El equipo de mediación intrajudicial ha detectado que, en algunos casos, el delito surge ante la ausencia de habilidades sociales por parte de los menores para resolver conflictos que aparecen ante diversas situaciones de la vida cotidiana. Por ello, ha decidido poner en marcha el programa ‘Tikún Olam’ (en hebreo significa ‘reparar el mundo’), con el objetivo de dotar a los menores de las capacidades necesarias para que puedan expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a cada situación.
El programa piloto se ha ejecutado desde finales de febrero y hasta mediados de marzo, con la participación de 7 menores. La evaluación del curso ha sido muy positiva, por lo que está previsto repetir la experiencia en otoño. Entre otros contenidos, durante el curso se han abordado conceptos como la comunicación verbal y no verbal; la asertividad, la empatía, la escucha activa, la autoestima, la resolución de conflictos, los prejuicios, etc.
El equipo de mediación con menores está integrado por dos trabajadoras sociales –funcionarias de la Consejería de Presidencia y Justicia- especializadas en mediación penal, que llevan a cabo el programa piloto por las tardes (adecuándose al horario de los menores), de forma voluntaria, por lo que el coste de la prestación del servicio es de 0 euros.


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Emilio del Río ha participado en la presentación del Sistema de Gestión Gubernativa de la Sala de Gobierno del TSJR

El acto ha contado con la presencia del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa.
El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ha participado a mediodía de hoy, en la reunión de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) para presentar el nuevo Sistema de Gestión Gubernativa, un encuentro al que ha asistido el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, quien actualmente preside la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ. También ha acudido la directora general de Justicia e Interior, Cristina Maiso.
La reunión ha tenido como principal objetivo la presentación del Sistema de Gestión Gubernativa, una herramienta informática desarrollada por el CGPJ que permite la dación de cuentas a las salas de gobierno, con elaboración de los órdenes del día, redacción de las actas y certificaciones de los acuerdos adoptados para su ejecución, así como la tramitación de los expedientes de las Secretarías de Gobierno dentro del ámbito del Consejo. Este sistema contempla la tramitación digital de los expedientes sin necesidad de papel.
Precisamente, Del Río ha asegurado que la implantación de este sistema “es una muestra de la colaboración entre administraciones” y ha abogado por seguir trabajando “en la modernización e informatización de los órganos judiciales para llegar al objetivo de ‘papel 0’ y prestar un servicio que sea cada vez más ágil y eficiente”.
La Sala de Gobierno del TSJR está presidida por el presidente del TSJR, José Ignacio Espinosa. Junto a él, son vocales natos: Miguel Escanilla, presidente Sala de lo Contencioso-Administrativo¸Miguel Azagra: presidente Sala de lo Social; y Alfonso Santisteban, presidente de la Audiencia Provincial. Como vocales electos figuran: Mª Mar Martín, Fernando Solsona y José Carlos Orga. Mª Jesús Escudero actúa como secretaria de Gobierno. La composición se completa con la juez de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Calahorra, María Puyelo.


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El Gobierno de La Rioja organiza un curso de especialización jurídica contra la violencia de género


El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, presentó el I Curso Homologado de Especialización Jurídica contra la Violencia de Género, que se enmarca en el programa formativo incluido en el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y el Colegio de Abogados de La Rioja. Además, en la organización del curso participa también Thomson Reuters Aranzadi.
Como se recordará, el acuerdo de colaboración tiene una cuantía de 28.000 euros y se sustenta sobre dos pilares: la prestación del servicio de asistencia y defensa jurídica a las víctimas de delitos de violencia de género, doméstica y/o intrafamiliar, unida a la realización de cursos de formación especializada, de reciclaje y seminarios para los letrados integrantes del servicio de guardia especializado; y la colaboración en el servicio de mediación intrajudicial.
El curso, dirigido a letrados colegiados en La Rioja, se celebrará a lo largo de tres jornadas: 22 de marzo, 29 de marzo y 12 de abril y contará como directora con la abogada-criminóloga Carmen Larramendi. La organización entiende que “la actuación y asesoramiento jurídico y asistencia letrada con las mujeres víctimas de violencia de género, requiere de unos conocimientos que van más allá de los puramente académicos y de carácter jurídico”.
Al respecto, consideran que “se hace necesario el poseer, comprender y desarrollar contenidos y habilidades que posibiliten la especificación en lo jurídico y ser capaz de integrar la defensa de los derechos de las víctimas en toda su amplitud”. Por su parte, Del Río destacó que el programa del curso “aborda la problemática de la violencia de género desde todas las perspectivas, por lo que va a ser de gran utilidad y va a ayudar a conformar una radiografía fidedigna de la realidad”.
El programa previsto para el día 22 incluye tres ponencias: Esther Erice, presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, hablará de ‘Perspectivas jurídicas de futuro en la lucha contra la violencia de género’; Ana Isabel Vargas, fiscal adjunta a la Fiscalía de Sala Delegada contra la Violencia sobre la Mujer, de la Fiscalía General del Estado, quien disertará sobre ‘Prevención del riesgo: valoración y gestión’; y Luis Miguel Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Logroño, que expondrá ‘Cuestiones prácticas en el juzgado de violencia sobre la mujer’.
El día 29 los asistentes podrán escuchar a los siguientes expertos: Esther Calvete, profesora en la Facultad de Psicología y Educación en la Universidad de Deusto, que charlará sobre ‘El impacto psicológico de la violencia en las mujeres y sus hijos e hijas’; Ana Hidalgo, médica forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, que hablará sobre la ‘Trascendencia de la prueba pericial e intervención de las unidades de valoración forense integral’; y Ana Isabel Menéndez, doctora en Filosofía y licenciada en Periodismo, profesora de la Universidad de Burgos, que abordará el ‘Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación’.
El curso culminará el jueves 12 de abril con tres nuevas ponencias: Isabel Irigoyen, doctora en Medicina especializada en Psiquiatría, profesora de la Universidad de Zaragoza y presidenta de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría, que ejercerá una ‘Aproximación psiquiátrica a los agresores en la violencia de género’; Teresa San Segundo, profesora de Derecho Civil y coordinadora del máster de Malos Tratos de la UNED, que hablará sobre la ‘Incidencia de la violencia de género en el ámbito civil de familia y menores’; y Cristina Zoco, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, quien abordará la ‘Ley integral de violencia de género: jurisprudencia del Tribunal Constitucional y nuevas propuestas’.


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Emilio del Río ha inaugurado esta tarde el I Curso Homologado de Especialización Jurídica en Mediación Penal

El consejero de Presidencia y Justicia, Emilio del Río, ha inaugurado esta tarde en el Centro Cultural de Ibercaja el I Curso Homologado de Especialización Jurídica en Medicación Penal, organizado por el Colegio de Abogados de La Rioja con la colaboración del Gobierno de La Rioja.
El curso se va a celebrar a lo largo de tres jornadas, en sesiones de tarde, y está abordando, entre otros asuntos, la justicia restaurativa y la mediación penal; el papel de la abogacía en el marco de la mediación penal; la mediación penal en las fases de instrucción, ejecución de la pena y enjuiciamiento; y las dinámicas de mediación-rol playing (simulación de situaciones). El curso se enmarca dentro del convenio de colaboración que mantiene el Gobierno de La Rioja con el Colegio de Abogados de La Rioja.
Durante su intervención, Del Río ha defendido la utilidad y las ventajas del servicio de mediación “tanto por la implicación como por la aceptación que conlleva por las partes”.


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José Ignacio Nieto ha participado en la apertura de las jornadas sobre ‘Menores sujetos a medidas judiciales y herramientas de intervención’

El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, ha participado hoy en la apertura de las jornadas sobre ‘Menores sujetos a medidas judiciales y/o administrativas. Herramientas para la intervención’, que se desarrollará desde hoy y hasta el próximo jueves.
El curso está organizado por la Federación de Protección y Justicia Juvenil, la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Fondo Social Europeo y cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja. Durante estos tres días se van a abordar diversas cuestiones, tales como ‘El sistema de protección de menores en La Rioja’, los ‘Menores extranjeros no acompañados’, las ‘Principales necesidades y problemáticas asociadas al colectivo de menores sujetos a medidas judiciales’, ‘El papel del educador’, la ‘Relación entre menores y trastornos de salud mental’ y la ‘Violencia filioparental’.
La Consejería de Salud y Servicios Sociales tiene encomendada la competencia de familia e Infancia que implica, de forma específica, la protección de menores. La Ley 1/2006, de Protección de Menores de La Rioja tiene por objeto la regulación de las competencias y potestades de la Administración Pública de la CAR y de las entidades locales, en materia de protección de menores.
Sus actuaciones van encaminadas a promover el desarrollo integral de los menores y garantizar sus derechos y a proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar. A estas competencias responden los Planes Integrales de Infancia, como marco en el que se plasman los objetivos y las medidas que reflejan las prioridades, organización y planificación de las actuaciones en el ámbito de menores para cada periodo de actuación.


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