El Gobierno de La Rioja ha aprobado en su reunión de esta
mañana la autorización del gasto para la licitación del acuerdo marco para la
homologación del suministro de gas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. En total, este acuerdo marco prevé un gasto de 4.600.113
euros por el periodo de vigencia del mismo, desde el 2 de septiembre de 2012 al
30 de noviembre de 2013, prorrogable por seis meses.
En este acuerdo, que se publicará en el Boletín Oficial de
La Rioja próximamente, se fijan las condiciones para la contratación centralizada
del suministro de gas que se consuma en los distintos organismos de la
Administración pública riojana, unificando en un solo procedimiento de
licitación todo el suministro de gas, que el año anterior fue de 49,14 millones
de kilowatios.
Los suministros objeto de este acuerdo se distribuirán en
dos lotes, uno para los centros con consumos iguales o inferiores a 8GWh/Año y
otro para los edificios que tienen consumo superior a 8Gwh/año. Las empresas
que quieran participar en el procedimiento de licitación podrán optar a uno o a
ambos lotes, por lo que la adjudicación podrá corresponder a una o a dos
empresas. El acuerdo comprenderá la denominación de la empresa suministradora
para cada lote, los precios unitarios que tendrán carácter de máximos y otras
condiciones generales del suministro.
Este acuerdo marco permitirá a la Dirección General de
Contratación Centralizada y Patrimonio del Gobierno riojano negociar como un
único órgano gestor los suministros de gas de todos los centros y puntos de
suministro de la Administración autonómica, ganando en eficacia y eficiencia.
Por un lado, se simplifica la tramitación administrativa y
se consigue una mayor eficacia en la actividad contractual, ya que se unifica
en un único acuerdo todo el suministro de gas de la Administración de la
Comunidad Autónoma, evitando que haya una multiplicidad de órganos de
contratación dedicados a la adquisición de productos similares.
Por otro, se busca obtener precios más competitivos, lo que
permite una mayor eficiencia de los recursos públicos. Así, el único criterio a
tener en cuenta a la hora de determinar cuál es la proposición económicamente
más ventajosa será el precio. El ahorro estimado es de un 15%, lo que supondría
un ahorro previsto de unos 690.000 euros.
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