El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Calahorra afirma en una nota de prensa que actúa siempre
conforme a la ley y lamenta, una vez más, "la animosidad mostrada por
la asociación Ecologistas en Acción en relación al sector Cidacos".
Señalan igualmente, que el Alcalde y el equipo de gobierno
municipal han actuado en este asunto con escrupuloso sometimiento a la ley,
respetando el medio ambiente y adoptando en cada momento las medidas oportunas
para evitar cualquier lesión al mismo.
Por otro lado, afirman que Ecologistas en Acción ocultan cómo, "tras una infructuosa tramitación por su parte de un
procedimiento penal ante el juzgado, sufrieron un cúmulo de reveses jurídicos
reflejados en los autos de 3 de noviembre y 19 de noviembre de 2011 del juzgado
nº 3 de Calahorra y del auto nº 164 de 28 de mayo de 2012 dictado por la Audiencia
Provincial de La Rioja".
Prosiguen diciendo que "dichos
autos procedieron al archivo de las injustificadas denuncias formuladas por la
asociación Ecologista en Acción frente al Alcalde de Calahorra y a la empresa
Lázaro Conextran" y recuerdan que "tras estas decisiones contrarias a Ecologistas en Acción los
mismos anunciaron un posible recurso de incostitucionalidad que nunca
ejercieron y que, desde luego, hubiese carecido de cualquier viabilidad."
Incluso, afirman que Ecologistas en Acción "olvidan la resolución de 24 de
septiembre de 2012 de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno
de La Rioja por la que vuelve a archivar una nueva denuncia de Ecologistas en
Acción".
Por último, concluyen que "han sido los propios ecologistas los que han
solicitado la subrogación de la Comunidad Autónoma para proceder a aplicar
expedientes sancionadores contra la junta de propietarios, la empresa y el
equipo técnico de dichas obras, y que dicha subrogación la han pedido sin hacerlo antes ante el Ayuntamiento de Calahorra,como resultaría preceptivo y así se
lo indica la propia Dirección General, omitiendo una vez más que la suspensión
de la tramitación de dichos expedientes viene determinada por la existencia de
un procedimiento penal que los deja en suspenso hasta que, como ha ocurrido, ha
sido cerrado mediante archivo."
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