El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, reiteró el pasado día 3 al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de La Rioja, Emilio del Río, que serán las comunidades autónomas las encargadas de decidir la organización de los juzgados que consideren más conveniente en su territorio porque “es una decisión que afecta a su organización territorial y política”, tal y como ya avanzó el pasado 25 de abril al presidente del Gobierno de La Rioja.
Gallardón y Del Río
mantuvieron un encuentro de trabajo en el Ministerio, que se
enmarca en la ronda de reuniones que está manteniendo el ministro del ramo con
los responsables de Justicia de las comunidades autónomas.
Como se recordará, el
jefe del Ejecutivo riojano, Pedro Sanz, anunció el pasado miércoles 25 de abril
que había alcanzado un acuerdo con el ministro de Justicia para que las
circunscripciones judiciales “se queden como están tanto por motivos de
cohesión y vertebración territorial como por sus efectos socioeconómicos” y no
se vean modificadas con la aprobación de la nueva Ley de Planta Judicial, por
lo que los juzgados de Calahorra y Haro no se verían afectados.
En la reunión
celebrada, que se desarrolló en un clima de absoluta
cordialidad y colaboración, Gallardón y Del Río abordaron los compromisos
establecidos en el acuerdo complementario al traspaso de la competencia de
Justicia al Gobierno de La Rioja, adoptado en el Pleno de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja el 28
de diciembre de 2010.
Al respecto, Del Río informó al ministro sobre los trámites realizados de cara a la construcción
del nuevo Palacio de Justicia, una vez adjudicados los trabajos de demolición
del antiguo Hospital Militar y con la vista puesta en la próxima presentación
del proyecto definitivo de construcción del nuevo complejo judicial.
Entre otros asuntos de
interés en materia judicial, Gallardón y Del Río también estudiaron la
conveniencia de implementar aplicaciones informáticas de gestión procesal para
contribuir a dar mayor eficacia y eficiencia al sistema.
Ambos coincidieron en
la importancia de acometer la modernización del sistema judicial, a fin de
garantizar un servicio lo más ágil y eficiente posible. Un reto en el que el
llamado ‘expediente digital’ será la pieza clave, ya que permitirá compartir la
información de una forma más rápida entre las distintas jurisdicciones y
agentes implicados.
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