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CALAHORRA Acusan a Luis Martínez Portillo de “cerrar en falso el Caso Cidacos para no tener que sancionar a los responsables”


Imagen actual del Soto del Cidacos


Acusan a Luis Martínez Portillo de “cerrar en falso el Caso Cidacos para no tener que sancionar a los responsables”

Nota de prensa conjunta. 11 Julio 2016
Los grupos sociales y políticos: 
- Ecologistas en Acción de la Rioja           - Plataforma vecinal  “Salvemos el Parque”
- Partido Socialista de Calahorra               . Partido Riojano de Calahorra
 emitieron el pasado día 11 de julio en la que criticaron duramente el papel del actual alcalde de Calahorra Luis Martínez Portillo en el caso del Parque del Cidacos

El Tribunal Superior de Justicia de la Rioja da la razón a Ecologistas, PSOE, PR y “Salvemos el Parque”

--- Una dura batalla legal que ya dura más de 7 años.
--- La sentencia, que es firme,  obliga al Ayuntamiento de Calahorra a la reapertura del “Caso Cidacos”, que Portillo había cerrado en falso  para no tener que sancionar a los responsables.

La denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción de La Rioja ante la Fiscalía de La Rioja en Septiembre de 2009, y posteriormente trasladada al juzgado de instrucción nº 2 de Calahorra por la propia fiscalía en Enero de 2010, supuso la apertura de diligencias previas que investigaron la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente por el que se imputó a D. José Miguel Lázaro, el gerente de la empresa Lázaro Conextrán, por la destrucción en octubre de 2007 de 4,5 hectáreas de bosque natural de ribera junto al Parque del Cidacos.
Por los mismos hechos, y a petición tanto de Ecologistas en Acción como de la Fiscalía,  el juzgado investigó la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por el alcalde de Calahorra (Javier Pagola) al no sancionar conforme a la ley a la empresa responsable de una infracción contra el planeamiento urbanístico calificada como muy grave por la legislación (LOTUR).
Este largo proceso judicial impulsado por Ecologistas en Acción, fue en todo momento obstaculizado por el Partido Popular y por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Calahorra, más preocupados en no sancionar a sus amigos que en hacer cumplir la ley.
El 3 de noviembre de 2011 los juzgados de Calahorra dictaron un auto de sobreseimiento provisional de la causa, contra el cual se presentó Recurso de Reforma el 28 de diciembre de 2011, que fue nuevamente desestimado y que dio lugar a El 30 de diciembre de 2012, a la presentación de un Recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial, que fue nuevamente desestimado en fecha de 28 de mayo de 2012.
Una vez finalizado ese procedimiento judicial que durante años paralizó los plazos para que los presuntos delitos o faltas caducasen, Ecologistas en Acción presentó una denuncia ante la Comunidad Autónoma de la Rioja (Dirección General de Vivienda)  reclamando la actuación subrogada a que hace referencia la LOTUR, ya que el Ayuntamiento de Calahorra se negaba de plano a sancionar la infracción cometida.
Fruto de la misma,  la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja  obligó al Ayuntamiento del PP a abrir un expediente sancionador, para cuya instrucción se nombró a Luis Martínez Portillo, lo cual suponía la garantía máxima de manipulación del resultado de dicho expediente, pues era precisamente el Sr. Portillo el principal valedor de los infractores y un férreo defensor de la tesis de que el bosque destruido no estaba legalmente protegido y ni tan siquiera existía.
El expediente fue troquelado al gusto del Partido Popular y se decidió cerrar sin sanción de forma absolutamente ilegal, ya que dicha decisión la tenía que haber adoptado el Pleno, y lo hizo directamente el alcalde.
Ante esta nueva maniobra ilegal del Partido Popular (como se ha demostrado con esta sentencia), se creó una plataforma para la acción judicial entre Ecologistas en Acción, la Plataforma Vecinal “Salvemos el Parque”, el Grupo Municipal del Partido Socialista y el Grupo Municipal del Partido Riojano  y se inició un proceso Judicial mediante la presentación de un Contencioso Administrativo contra la resolución del Ayuntamiento de Calahorra de cerrar el expediente sin sanción y adoptar fraudulentamente la decisión por la alcaldía.
Este proceso judicial  ha concluido con una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, (194/2016 de fecha 10 de junio de 2016)  ante la cual no cabe recurso, y que da la razón a los cuatro colectivos, y declara nulo el cierre del expediente sin sanción por parte del alcalde de Calahorra, por lo que nuevamente se tendrá que reabrir el caso.
 Esperamos una sanción ejemplar a los responsables de la destrucción  ilegal de un bosque natural de ribera (de 4,5 hectáreas de superficie)  en el Sector Cidacos perpetrada en octubre de 2007. Un bosque que estaba protegido por el propio proyecto de urbanización del sector.
Pero igualmente exigimos  la asunción por parte de Luis Martínez Portillo de las responsabilidades políticas y judiciales que se desprendan de sus propias maniobras políticas, vulnerando la legalidad, arrogándose competencias que correspondían al pleno, y permitiendo que no se sancionase a nadie, llegando incluso a negar   la destrucción ilegal de más de 1500 árboles y arbustos, en el único interés de beneficiar a los infractores.

Tras esta sentencia a favor de los cuatro colectivos, exigimos el inmediato acatamiento de la misma por el Partido Popular, la reapertura del expediente sancionador , una sanción conforme a la ley, así como la restitución del bosque arrasado por cuenta de los responsables de su destrucción. 

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El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Calahorra afirma que actúa siempre conforme a la ley y acusa a Ecologistas en Acción de ocultar sus fracasos jurídicos


El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Calahorra afirma en una nota de prensa que actúa siempre conforme a la ley y lamenta, una vez más, "la animosidad mostrada por la asociación Ecologistas en Acción en relación al sector Cidacos".
Señalan igualmente, que el Alcalde y el equipo de gobierno municipal han actuado en este asunto con escrupuloso sometimiento a la ley, respetando el medio ambiente y adoptando en cada momento las medidas oportunas para evitar cualquier lesión al mismo.
Por otro lado, afirman que Ecologistas en Acción ocultan cómo, "tras una infructuosa tramitación por su parte de un procedimiento penal ante el juzgado, sufrieron un cúmulo de reveses jurídicos reflejados en los autos de 3 de noviembre y 19 de noviembre de 2011 del juzgado nº 3 de Calahorra y del auto nº 164 de 28 de mayo de 2012 dictado por la Audiencia Provincial de La Rioja".

Prosiguen diciendo que "dichos autos procedieron al archivo de las injustificadas denuncias formuladas por la asociación Ecologista en Acción frente al Alcalde de Calahorra y a la empresa Lázaro Conextran" y recuerdan que "tras estas decisiones contrarias a Ecologistas en Acción los mismos anunciaron un posible recurso de incostitucionalidad que nunca ejercieron y que, desde luego, hubiese carecido de cualquier viabilidad."

Incluso, afirman que Ecologistas en Acción "olvidan la resolución de 24 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja por la que vuelve a archivar una nueva denuncia de Ecologistas en Acción".

Por último, concluyen que "han sido los propios ecologistas los que han solicitado la subrogación de la Comunidad Autónoma para proceder a aplicar expedientes sancionadores contra la junta de propietarios, la empresa y el equipo técnico de dichas obras, y que dicha subrogación la han pedido sin hacerlo antes ante el Ayuntamiento de Calahorra,como resultaría preceptivo y así se lo indica la propia Dirección General, omitiendo una vez más que la suspensión de la tramitación de dichos expedientes viene determinada por la existencia de un procedimiento penal que los deja en suspenso hasta que, como ha ocurrido, ha sido cerrado mediante archivo."
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El Grupo Municipal Socialista ha solicitado personarse en los expedientes del “Caso Cidacos” por considerar parcial la designación de Luis Martínez Portillo para instruirlos


Esta misma mañana, y vía registro de entrada, el Grupo Municipal Socialista (GMS)  del Ayuntamiento de Calahorra, ha solicitado personarse como parte interesada, en el desarrollo de los expedientes sancionadores abiertos por la destrucción del bosque de ribera colindante al Parque del Cidacos contra la empresa Lázaro Conextrán y otros, que aconteció en octubre de 2007.

La principal razón argumentada por los socialistas es la parcialidad aplicada en la designación del concejal popular Luís Martínez Portillo como instructor de dicho expedientes.
Igualmente, consideran como "extraño" que "el alcalde de Calahorra haya necesitado más de 5 años para abrir un expediente sancionador" y además, estiman que esta decisión ha sido motivada solamente por la denuncia interpuesta por la asociación “Ecologistas en Acción”.

Asimismo, consideran el asunto de especial gravedad por cuanto que "los hechos mencionados no han prescrito, ya que la incoación de un proceso penal interrumpe la prescripción de las infracciones" y las sanciones económicas previstas según la Ley de Urbanismo de La Rioja podrían establecerse entre los 30.000 y los 300.000 Euros.


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Archivada la denuncia de 'Ecologistas en Acción' contra Javier Pagola

El colectivo de ecologistas ha anunciado que recurrirá el auto del Juzgado calagurritano.
Según ha dado a conocer esta misma mañana el portavoz del Ayuntamiento de Calahorra, Luis Martínez-Portillo, el Juzgado de Instancia nº 3 de Calahorra ha archivado la denuncia que ‘Ecologistas en Acción’ presentó en septiembre de 2009 contra el alcalde de Calahorra, Javier Pagola, por lo que ellos consideraron prevaricación en el caso de la construcción del conocido como Sector Cidacos. En concreto la resolución ha sido “archivo definitivo con sobreseimiento provisional de la causa”.
Martínez-Portillo ha informado de que la denuncia del colectivo 'Ecologistas en Acción' se presentó ante el Juzgado en septiembre de 2009 con motivo de la destrucción de parte del Soto del Cidacos. Una superficie que los ecologistas cifraron en 4,5 hectáreas y cuya destrucción fue llevada a cabo por la empresa Lázaro-Conextrán durante las obras de urbanización del Sector Cidacos, sin que el alcalde local impusiera la sanción correspondiente. La denuncia indica: “el alcalde, aún sabiendo que Lázaro-Conextrán había infringido la ley, no impuso sanción ni indemnización alguna”, frente a lo que simplemente “estableció un resarcimiento de daños”. Lo que 'Ecologistas en Acción' creyeron era constitutivo de “un estado de ilegalidad con clara intención de beneficiar a la empresa” y que les llevó a denunciar a Pagola por prevaricación.
El pasado 3 de noviembre y tras haberse establecido las diligencias correspondientes para la comprobación de los hechos, el Juzgado de Instancia nº 3 ha publicado un auto, el cual ha leído esta mañana el portavoz del Ayuntamiento de Calahorra, y por el que se establece que “no existe delito de prevaricación en el ejercicio arbitrario de un poder”, ya que, según establece la resolución tras estudiar la extensa documentación presentada “las obras quedaron paralizadas ese mismo día en que el alcalde tuvo conocimiento de ellas”. Además, el auto establece que “el Ayuntamiento impuso unas medidas compensatorias por los daños”, que consistieron en que “frente a la posible destrucción o daño de un soto de 28.685 metros cuadrados, el Ayuntamiento mandó rehacer un nuevo soto de prácticamente los mismos metros con la plantación de especies vegetales (25.000 metros cuadrados)”, una decisión que fue tomada por la ingeniera técnica del Ayuntamiento. Por lo tanto, y con toda la documentación, “no ha habido infracción penal alguna”.
En cuanto a la sanción a la empresa acusada de destruir el soto, la sentencia contempla que “se incoaron los expedientes sancionadores correspondientes a los hechos por parte del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja”. Sin embargo, dichos expedientes sancionadores quedaron paralizados “por problemas competenciales entre ambas administraciones”, lo que según Martínez-Portillo “no supone un ilícito penal”, sino que responde a una razón administrativa.
Con todo esto, el Juzgado de Instancia nº 3 de Calahorra ha declarado el “sobreseimiento provisional y el archivo de la causa”.
Ya entrando a valorar la sentencia, Luis Martínez-Portillo ha afirmado que “no puede ser más clara”, aunque ha recordado que “todavía no es firme y es susceptible de recurso y apelación”, acciones que el colectivo ‘Ecologistas en Acción’ ha anunciado que llevará a cabo.
Además, Martínez-Portillo ha considerado que esta denuncia tiene una “valoración política” y ha recordado al colectivo que la denuncia trae consigo unas consecuencias “que no se pueden eludir” como “los daños personales al alcalde como persona y como cargo político (…) y daños institucionales”. Para el portavoz municipal existe además “una última consecuencia, vamos a ver cómo termina definitivamente el caso, para ver cómo actuará el Ayuntamiento en consecuencia”.
Luis Martínez-Portillo ha lamentado además que el colectivo de los ecologistas “haya contado con la complicidad política del PSOE”, a quienes ha acusado de haber utilizado la denuncia en un Pleno en el pasado.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN PRESENTARÁ UN RECURSO DE APELACIÓN.
Por su parte y adelantándose a las declaraciones vertidas esta mañana por el concejal y portavoz municipal Luis Martínez- Portillo, el colectivo Ecologistas en Acción envió ayer una nota de prensa en la informó de su intención de recurrir la sentencia del Juzgado de Instancia nº 3 “ante varias instancias”. Un recurso de reforma que ha adelantado “ya han redactado los abogados de 'Ecologistas en Acción' por entender que el auto de sobreseimiento provisional obvia elementos fundamentales”.
La agrupación ha mostrado su disconformidad con que se presente ante los medios el auto “cuando se es plenamente consciente de estar en plazo de recurso de forma y de recurso de apelación ante el Tribunal Provincial”, tachando la aparición de Martínez-Portillo ante los medios como “un ejercicio de precipitación e inconsciencia”.
La agrupación ha anunciado además que “el mes pasado ya se trasladó al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja una queja contra la conducta demostrada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Calahorra”, una queja que responde a que la agrupación “no comparte la forma y los tiempos que dicha magistrada está poniendo en práctica en este asunto”. 


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