El Informe Anual de
Fiscalización de La Rioja relativo al ejercicio 2012 reduce de forma significativa
las recomendaciones con respecto a ejercicios anteriores y destaca las mejoras
implantadas
La consejera de
Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, ha analizado esta mañana
ante los medios de comunicación el Informe Anual de Fiscalización de La Rioja
relativo al ejercicio 2012, que elabora el Tribunal de Cuentas, y cuyos
informes son públicos, a través del BOE y de la propia página web del Tribunal:
www.tcu.es.
Concepción Arruga ha señalado que, el
Informe aprecia textualmente “destacados avances en el cumplimiento de las
recomendaciones señaladas por el Tribunal en fiscalizaciones de ejercicios
anteriores”, cuyas medidas son
especialmente significativas en lo relacionado con la gestión presupuestaria,
el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y la
reordenación del sector público”.
En este sentido, la consejera ha destacado
la reducción en el número de recomendaciones con respecto a ejercicios
anteriores, de 11 a 7, “lo que reconoce la labor de este Gobierno por la mejora
permanente de la gestión económica, el control de las cuentas públicas y el
compromiso con la sostenibilidad de esta Administración”.
Arruga ha manifestado
su “respeto ante el contenido del informe elaborado por el Tribunal de Cuentas,
que vuelve a hacer una serie de recomendaciones, dentro de la actividad normal
de este órgano”, ya que como ha recordado “el informe anual de fiscalización es
una actuación ordinaria y necesaria que tiene como función el control de las
cuentas y de la gestión económica ya que todas las comunidades están obligadas
a rendir cuentas ante órganos externos de fiscalización”. “Es otra fase más de
fiscalización adicional a los propios sistemas de fiscalización (servicios
jurídicos e intervención) de los que disponen todas las Comunidades Autónomas”,
ha añadido.
En este sentido, ha aclarado que en
la actualidad, trece de las diecisiete autonomías han creado su propio Tribunal
de Cuentas, mientras que La Rioja (al igual que Murcia, Cantabria y
Extremadura) ha mantenido, para evitar duplicidades, al Tribunal de Cuentas
como órgano externo de fiscalización.
El Informe Anual de Fiscalización de
La Rioja relativo al ejercicio 2012 ha establecido un conjunto de siete
recomendaciones, “algunas de las cuales ya han sido asumidas por el Gobierno de
La Rioja, como muestra del respeto que el Ejecutivo tiene hacia esta entidad”.
Es el caso de la sugerencia que
realiza para que la Administración valorase la oportunidad de recaudar las deudas
generadas por prestaciones sanitarias que corresponden a accidentes de tráfico
o asistencias a asegurados de compañías privadas que, a juicio del Tribunal,
descargaría los servicios jurídicos autonómicos. Arruga ha señalado que esta
recomendación era una cuestión con la que ya estaba trabajando el Ejecutivo y
prueba de ello es que esta determinación de “nuevo precio público” está sujeta
a un expediente en curso.
Además, la consejera de
Administración Pública y Hacienda ha explicado que otra de las recomendaciones
que aparecen en el Informe, sobre adelantar el plazo de rendición de cuentas a
30 de junio del ejercicio siguiente, es algo que “estamos valorando y abordando
con los centros gestores, aunque actualmente es el mismo plazo que contempla el
Estado”.
Por otro lado, con respecto a lo que
señala el Tribunal relativo a que la Administración no ha considerado al
Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja como integrante de su sector público
al no mantener una posición mayoritaria en su Junta de Gobierno, Arruga
considera que pese a que esta situación entienden que debería quedar resuelta
por lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, el ejecutivo regional “no la
comparte” como así lo ha manifestado en las sectoriales correspondientes puesto
que reduciría la operatividad de funcionamiento del propio Consorcio.
En
relación a la recomendación relacionada con que la Agencia de Desarrollo
Económico de La Rioja fijase de forma detallada en las bases reguladoras de
ayudas, la valoración de los criterios de otorgamiento, la consejera ha
anunciado que “ya se ha atendido” por lo que las próximas normas de bases que
se publiquen ya contemplarán estos extremos señalados.
Compromiso
con la gestión responsable
Concepción Arruga ha
manifestado su voluntad de seguir atendiendo aquellas recomendaciones con las
que estemos de acuerdo y que nos ayuden a mejorar nuestra gestión. Como muestra de la atención que el
Gobierno de La Rioja presta a estas recomendaciones, se ha venido trabajando
para implementar en la gestión de la administración aquellos aspectos que nos
pueden ayudar a mejorar, aunque no serán valoradas por el Tribunal hasta que no
fiscalice el ejercicio 2013.
Prueba
de ello, es que para solventar las cuestiones relacionadas con los aspectos
contables, el Ejecutivo aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad Pública,
que nos está permitiendo homogeneizar los criterios y la estructura contable de
los distintos organismos autonómicos y entres públicos, así como mejorar la
transparencia de la gestión pública.
Asimismo, sobre la recomendación que el Tribunal venía formulando para que se
implantasen medidas organizativas para la confección de un inventario general
centralizado, el pasado mes de enero se publicaba la orden que establece los
criterios para la formación, actualización y valoración del Inventario General
de Bienes y Derechos de la CAR y de todo su sector público. De esta forma
nuestra región ya cuenta con un completo inventario que incluirá los
bienes inmuebles y derechos reales, los derechos de arrendamiento y otros
derechos de carácter personal, los bienes muebles inventariables, los valores
mobiliarios y los derechos de propiedad incorporal. Además, se indicará la
situación jurídica, física y el destino o uso a que están siendo dedicados.
A ello
se suma, las implantadas a través de la nueva Ley de Hacienda, que entró en
vigor el pasado mes de enero y que atendía las relacionadas con una adecuada
planificación presupuestaria y el control de las subvenciones.
