El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha
asistido al debate planteado en la Mesa Internacional de la Asamblea de
Regiones Europeas Vitivinícolas celebrada en Bruselas.
El estudio sobre los impactos socioeconómicos y
territoriales que ocasionaría la liberalización de los derechos de plantación
del viñedo, presentado hoy en la Mesa Internacional de la Asamblea de Regiones
Europeas Vitivinícolas (AREV), “pone de
manifiesto, con argumentos técnicos, que los planteamientos utilizados por la
Comisión Europea para justificar su decisión de eliminar este sistema no son
válidos”, según ha declarado desde Bruselas el consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore.
Entre otras conclusiones, ha detallado Íñigo Nagore, el
trabajo coordinado por el profesor Etienne Montaigne, del Centro Internacional
de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), coincide con la posición
de La Rioja, contraria a la liberalización, ya que la existencia de los
derechos de plantación “no ha sido un
obstáculo para el crecimiento de las explotaciones agrícolas y de las regiones
vitícolas que han querido incrementar la mesa vegetal”.
El precio de los derechos “tampoco ha penalizado en exceso la implantación del viñedo” en las
zonas productoras. En este sentido, el profesor Montaigne ha establecido una
comparativa con la situación del sector en países del nuevo mundo, como es el
caso de Australia, donde “la supresión de
los derechos no ha evitado que se haya producido un desequilibrio en el mercado”;
o el de Argentina, “donde se eliminaron
porque no supieron regularlo adecuadamente”.
Por otro lado, la desaparición de los derechos podría llevar
a una deslocalización de las superficies vitícolas, “algo que supondría un grave perjuicio económico para determinadas zonas
productoras”, ha añadido Íñigo Nagore, quien ha estado acompañado en la
reunión por el director general de Agricultura y Ganadería, Igor Fonseca.
El Gobierno de La Rioja defiende el mantenimiento de un
sistema de derechos de plantación que frene el crecimiento indiscriminado de la
superficie vitícola. “Es un seguro de calidad
y de equilibrio entre oferta y demanda y, por tanto, de sostenibilidad
económica social, y medioambiental, con lo que también garantiza el desarrollo
rural”, ha recordado Íñigo Nagore.
En estos momentos, 14 estados miembros (Alemania, Francia,
Italia, España, Rumania, Grecia, Portugal, República Checa, Hungría, Austria,
Eslovaquia, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia) se han pronunciado a favor del
mantenimiento de los derechos de plantación. Suman 205 y se necesitarían 40
votos más para obtener la mayoría cualificada necesaria para presentar, en el
marco de la reforma de la PAC, una iniciativa a la Comisión Europea en contra
de la liberalización.
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