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viernes, 2 de marzo de 2012

Un estudio de la AREV aporta argumentos técnicos sobre la necesidad de mantener los derechos de plantación para evitar desequilibrios en el mercado

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha asistido al debate planteado en la Mesa Internacional de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas celebrada en Bruselas.
El estudio sobre los impactos socioeconómicos y territoriales que ocasionaría la liberalización de los derechos de plantación del viñedo, presentado hoy en la Mesa Internacional de la Asamblea de Regiones Europeas Vitivinícolas (AREV), “pone de manifiesto, con argumentos técnicos, que los planteamientos utilizados por la Comisión Europea para justificar su decisión de eliminar este sistema no son válidos”, según ha declarado desde Bruselas el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Íñigo Nagore.
Entre otras conclusiones, ha detallado Íñigo Nagore, el trabajo coordinado por el profesor Etienne Montaigne, del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), coincide con la posición de La Rioja, contraria a la liberalización, ya que la existencia de los derechos de plantación “no ha sido un obstáculo para el crecimiento de las explotaciones agrícolas y de las regiones vitícolas que han querido incrementar la mesa vegetal”.
El precio de los derechos “tampoco ha penalizado en exceso la implantación del viñedo” en las zonas productoras. En este sentido, el profesor Montaigne ha establecido una comparativa con la situación del sector en países del nuevo mundo, como es el caso de Australia, donde “la supresión de los derechos no ha evitado que se haya producido un desequilibrio en el mercado”; o el de Argentina, “donde se eliminaron porque no supieron regularlo adecuadamente”.
Por otro lado, la desaparición de los derechos podría llevar a una deslocalización de las superficies vitícolas, “algo que supondría un grave perjuicio económico para determinadas zonas productoras”, ha añadido Íñigo Nagore, quien ha estado acompañado en la reunión por el director general de Agricultura y Ganadería, Igor Fonseca.
El Gobierno de La Rioja defiende el mantenimiento de un sistema de derechos de plantación que frene el crecimiento indiscriminado de la superficie vitícola. “Es un seguro de calidad y de equilibrio entre oferta y demanda y, por tanto, de sostenibilidad económica social, y medioambiental, con lo que también garantiza el desarrollo rural”, ha recordado Íñigo Nagore.
En estos momentos, 14 estados miembros (Alemania, Francia, Italia, España, Rumania, Grecia, Portugal, República Checa, Hungría, Austria, Eslovaquia, Luxemburgo, Chipre y Eslovenia) se han pronunciado a favor del mantenimiento de los derechos de plantación. Suman 205 y se necesitarían 40 votos más para obtener la mayoría cualificada necesaria para presentar, en el marco de la reforma de la PAC, una iniciativa a la Comisión Europea en contra de la liberalización.


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