El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un gasto de 920.371
euros para subvencionar a los Colegios de Abogados y Procuradores de La Rioja
por la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita a lo largo de
este año 2012.
En concreto, las actuaciones profesionales que se
subvencionan son las relativas al turno de oficio, asistencia letrada al
detenido, violencia de género y gastos de infraestructuras justificados, cuando
tengan por destinatarios a quienes hayan obtenido el reconocimiento del derecho
a la asistencia jurídica gratuita.
Este precepto es de aplicación en las comunidades autónomas
que hayan asumido el ejercicio efectivo de competencias en materia de provisión
de medios para la administración de justicia. En el caso de La Rioja, el
traspaso de competencias está recogido en el Real Decreto 1800/2010, de 30 de
diciembre.
La asistencia jurídica gratuita está para ser solicitada
por: ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España; nacionales de
Estados miembros de la Unión Europea; asociaciones de utilidad pública; y
fundaciones.
Los requisitos económicos que deben cumplir los solicitantes
son los siguientes: se reconocerá el derecho a aquellas personas físicas cuyos
recursos e ingresos económicos de la unidad familiar (cónyuge o pareja de hecho
e hijos menores) no superen el doble del indicador público de renta de efectos
múltiples (IPREM); Que no existan signos externos de capacidad económica
(propiedades inmobiliarias, vehículos, terrenos, inversiones, etcétera).
Si los ingresos del solicitante superan el doble del IPREM
la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá conceder el derecho
excepcionalmente en atención a circunstancias particulares como el número de
hijos o familiares a su cargo, estado de salud, obligaciones económicas,
discapacidad… En ningún caso los recursos o ingresos de la unidad familiar
pueden exceder el cuádruplo del IPREM.
Resultados del
servicio de asistencia jurídica gratuita
El balance del servicio de asistencia gratuita
correspondiente a 2011 revela que se presentaron 3.876 solicitudes y se
resolvieron 3.872, de las cuales se estimaron 3.305, cifra que representa un
85,4% del total, mientras que 567 fueron desestimadas. De las solicitudes
estimadas, 1.768 corresponden al orden Penal; 1.173 al Civil; 153 al Penal; 68
al Contencioso-Administrativo, mientras que 143 resultaron solicitudes de
carácter administrativo. El informe revela también que todas las solicitudes
estimadas, un total de 3.305, implicaron la designación de abogado y 1.685
también precisaron un procurador.
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