El pasado 20 de julio entró en vigor un Decreto de Alcaldía
en Calahorra por el cual los grupos políticos locales no pueden presentar
mociones directamente al Pleno municipal, sino que éstas deberán ser
presentadas en comisión informativa y,
en caso de ser aprobadas, pasarán al Pleno correspondiente. Al parecer,
este decreto se basa en un informe de la Dirección General
de Política local que valoró favorablemente la medida del alcalde calagurritano.
Por su parte, el PSOE local ha presentado un recurso a dicho
decreto por el cual han solicitado que se revoque la medida, recurso que, según
palabras de Cristina Cabañas, ha sido avalado “por un informe técnico de la
Secretaria del Ayuntamiento”. Informe que según la socialista no ha sido
entregado a la oposición y a cambio se ha obtenido “silencio administrativo” y
que han obtenido ellos por otros cauces.
Cabañas explicó que en el informe de la Secretaria se
diferencia entre propuesta de resolución “que son competencia del Pleno y que
tienen que ir a comisión informativa”. Aún así, de ésta dijo que “sea cual
sea el resultado obtenido en la comisión
todas tendrán que pasar a Pleno”. Y mociones de control al Gobierno, “que no
tienen porque pasar por comisión informativa”.
En relación a este informe favorable con los intereses del
PSOE realizado por la Secretaria, el grupo socialista solicitó a Pagola
“reconsiderar su postura y hacer caso a las Secretaria”, en caso contrario,
Cabañas adelantó que “si no lo hace está prevaricando”.
PAGOLA NO CAMBIARÁ SU DECISIÓN
Ya en el Pleno celebrado el pasado 26 de octubre Javier Pagola contestó a
las preguntas socialistas sobre este tema y concluyó que “cada Secretaria
interpreta la Ley de una manera”. Afirmó mantenerse en contacto con alcaldes de
La Rioja y otras comunidades y que “la Ley no es un cosa matemática”.
En cuanto al informe técnico de su propia Secretaria,
repitió que “cada uno lo interpreta a su manera” y añadió su decisión, “después
de años haciendo caso a la
Sr. Secretaria”, con quien afirmó trabajar muy bien y
diariamente, “decidí pedir un informe de legalidad a la Administración Local
y se ha pedido a la
Dirección General de Política Local y todos ustedes lo han
visto”. Ambos informes disienten en su interpretación legal y, por tanto,
Pagola tomó la decisión de basarse en el proporcionado por la Dirección General
de Política Local para llevar a cabo dicho decreto de alcaldía que afirmó “no
se va a rectificar”.